Proteger la libertad de expresión de la manipulación informativa
Kate Jones es investigadora y consultora en materia de derechos humanos y tecnologías de nueva aparición. Ha escrito extensamente sobre la desinformación y los derechos humanos, la gobernanza de la tecnología y la inteligencia artificial, y es una investigadora asociada en Chatham House. Con anterioridad, ejerció muchos años como abogada y diplomática para el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth del Reino Unido en Londres, Ginebra y Estrasburgo, centrada en Derecho internacional de los derechos humanos.
En esta entrevista con Kate, analizamos aspectos de la libertad de expresión, la desinformación y la manipulación. ¿Cuáles son las «reglas sobre procedimiento» para los Gobiernos al dirigir campañas de información? También revisamos intentos por ocultar operaciones de calumnia bajo el pretexto de la libertad de expresión y qué ilustra la reciente sentencia en el asunto de RT Francia contra el Consejo Europeo.
¿Cómo ve el equilibrio entre la defensa de la libertad de expresión y los medios de comunicación y la protección de nuestras sociedades contra la manipulación informativa u otras actividades maliciosas destinadas a socavar las sociedades?
Kate Jones (KJ): Seamos claros: la libertad de expresión no significa que los Gobiernos tengan libertad para participar en campañas deliberadas de desinformación y manipulación, tanto si van dirigidas a sus propias poblaciones como a escala internacional; ni tampoco significa que los gobiernos carezcan de poder para proteger a sus propias poblaciones contra campañas deliberadas de desinformación de regímenes extranjeros.
La libertad de expresión es de suma importancia e, indiscutiblemente, no solo protege a la información veraz. La libertad de expresión protege la expresión de todo tipo de informaciones e ideas, independientemente de si son hechos u opiniones, verdaderas o falsas, sinceras o sátiras. La libertad de expresión permite que cualquier persona diga lo que quiera, salvo algunas contadas excepciones impuestas por el Derecho penal,
pero no protege las técnicas de manipulación. Estamos acostumbrados a este hecho en otros contextos, por ejemplo, aceptamos que una declaración falsa invalide un contrato y que las reseñas falsas sobre un producto no sean aceptables como herramientas de mercadotecnia.
Se pueden emprender acciones contra una campaña de manipulación destinada a socavar la sociedad si perturba la seguridad nacional o el orden público. El factor clave es la intención de desestabilizar, más que si el material utilizado es verdadero o falso. La libertad de expresión puede restringirse para fines específicos, como la protección de la seguridad nacional y el orden público, siempre que las restricciones sean legítimas, necesarias y proporcionales a los objetivos perseguidos. Esta es la base sobre la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha juzgado que las actuales sanciones europeas contra RT son compatibles con la libertad de expresión.
La fuente de desinformación también es importante. Los Gobiernos tienen responsabilidades con respecto a la información que no tienen los ciudadanos de a pie, porque las personas confían en lo que ellos dicen. La libertad de buscar información que acompaña a la libertad de expresión implica que los Gobiernos tienen la responsabilidad de poner de forma proactiva información de interés público en el dominio público, así como de promover distintas formas de información. Esta responsabilidad cada vez es más importante hoy en día, cuando puede resultar tan complicado discernir lo que es verdad de lo falso. En contraposición a esta responsabilidad, los Gobiernos, y sus agentes, no deberían generar ni promover desinformación.
¿Cómo se abordaba el equilibrio entre la libertad de expresión y la desinformación antes del auge de las redes sociales?
KJ: La desinformación está entre nosotros desde hace siglos. La propaganda era una preocupación importante tras la Segunda Guerra Mundial. De hecho, se consideraba la segunda amenaza, tan solo por detrás de la bomba atómica, para la paz mundial y la seguridad. En esa época, se centró la atención en la propaganda radiofónica, ya que hacía poco que los aparatos de radios habían pasado a estar ampliamente disponible, lo cual significa que un gran número de personas podían recibir información de forma directa del extranjero en tiempo real.
Los creadores de los instrumentos fundamentales de derechos humanos consideraron un riesgo significativo que las campañas de desinformación de los Gobiernos extranjeros pudieran generar agitación social y desestabilizar gobiernos. René Cassin, como delegado francés en las negociaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, describió la propaganda como un «fenómeno cruel,… [un] condicionante de mentes y una violación espiritual de las masas». Existía la opinión generalizada de que la libertad de expresión no debería conllevar ningún riesgo de exposición a propaganda y desinformación ilimitadas.
Al mismo tiempo, también había argumentos contundentes de que la propaganda debía ser derrotada con medidas voluntarias y el «mercado de las ideas», por lo que no se aceptaron las propuestas más extremistas. Por ejemplo, la propuesta de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de enmendar la disposición del proyecto de Declaración Universal de Derechos Humanos sobre la libertad de expresión prohibiendo «el discurso belicista y fascista» fue rechazada por cuarenta y un votos a seis, con nueve abstenciones. En última instancia, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíbe la «propaganda de guerra», así como la apología del odio que constituye una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. Los parámetros específicos de estas prohibiciones hace tiempo que son motivo de controversia.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es el tratado de las Naciones Unidas por el que los Gobiernos aceptan proteger los derechos civiles y las libertades fundamentales que abarcan desde el derecho a la vida y a no ser torturado a las libertades de expresión y asociación. Muchas de estas disposiciones son similares a las del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero el Pacto está abierto a que todos los Estados de las Naciones Unidas se adhieran, en lugar solamente los cuarenta y seis países que son miembros del Consejo de Europa.
Aún así, la propaganda y la desinformación se convirtieron en las principales armas de la Guerra Fría. Algunas de las recientes campañas de desinformación que hemos visto parecen haberse basado en las tácticas desarrolladas en los años cincuenta del siglo pasado. Al igual que algunas campañas de dicha época, las campañas de 2015-2016 de la Agencia de Investigación de Internet contra las elecciones presidenciales de los Estados Unidos (EE. UU.) se basaron en inundar el entorno informativo con un enorme número de mensajes y anuncios, ocultando los orígenes de los mensajes y empleando representantes locales para difundirlos, y haciéndose pasar por publicaciones reales para dar un aire de autenticidad a sus mensajes.
¿Cómo debería ser el enfoque basado en los derechos humanos para contrarrestar la desinformación?
KJ: Un enfoque basado en los derechos humanos tendría que priorizar tanto la libertad de expresión como la libertad de pensamiento y opinión: debería permitir que las personas hablen con libertad y que tengan acceso a distintas fuentes de información, para que puedan decidir por sí mismas sin ninguna manipulación. Hay que velar por que cualquier restricción aplicada sobre la desinformación no dé a los Gobiernos o a entidades privadas con poder luz verde para ejercer un control ilimitado sobre lo que dicen o pueden escuchar las personas. Este riesgo debe mitigarse mediante la intervención de reguladores independientes con el mandato de salvaguardar los derechos humanos.
Un enfoque basado en los derechos humanos tiene varias dimensiones. La UE es pionera en muchas de ellas. La alfabetización mediática y la alfabetización digital para todo el mundo, desde los niños hasta los más mayores, es fundamental para ayudar a las personas a orientarse por el entorno informativo. Además, es indispensable apoyar unos medios de comunicación independientes, plurales y adecuadamente financiados, para que todos los ciudadanos tengan acceso a fuentes fiables e independientes de información. Refutar desinformación y etiquetar información cuestionable, también son piezas importantes de este rompecabezas. Hoy en día existen muchos ejemplos brillantes de herramientas para denunciar desinformación e iniciativas de verificación de hechos en todo el mundo.
Con todo, si bien es de vital importancia ofrecer a los ciudadanos las herramientas y los medios para acceder a una variedad de informaciones, esto no es suficiente para defenderse de las campañas deliberadas de manipulación orquestadas por poderes que tratan de socavar la seguridad nacional o el orden público. Los Gobiernos y las plataformas de las redes sociales pueden hacer mucho más para defender y preservar un entorno informativo libre y plural.
En primer lugar, los Gobiernos pueden decidir si prohibir o sancionar la manipulación deliberada llevada a cabo por poderes extranjeros, siempre que la prohibición se limite estrictamente a lo que sea necesario para proteger la seguridad nacional y el orden público. La propuesta de delito de injerencia extranjera del Gobierno británico es un ejemplo interesante. Este nuevo delito, cuidadosamente redactado, criminalizará la manipulación intencionada de la forma en que una persona ejerce sus funciones públicas o participa en procesos políticos, siempre que se cumplan dos condiciones. A saber: la primera es que la manipulación implique o bien la comisión de un delito, o un acto coercitivo o de tergiversación, y la segunda es que la manipulación sea realizada por una persona asociada con un poder extranjero o que pretenda beneficiarse de él. En cuanto a las sanciones, el Departamento del Tesoro de los EE. UU. aplica un régimen de sanciones como respuesta a la injerencia extranjera en las elecciones estadounidenses.
En segundo lugar, los Gobiernos pueden prohibir casos concretos de campañas de desinformación que repercutan en la seguridad nacional o el orden público, como las sanciones de la UE contra RT, Sputnik y tres otros medios de comunicación controlados por el Estado ruso, siempre que estas prohibiciones se ajusten a la Ley, sean necesarias y proporcionadas en todas las circunstancias.
En tercer lugar, los Gobiernos y las plataformas de las redes sociales pueden combatir la manera en que las plataformas se utilizan como canales para la manipulación, identificando e interrumpiendo patrones de comportamientos manipuladores. Hemos visto que el diseño de las plataformas a menudo se ha prestado a campañas de desinformación y que las plataformas han adoptado distintas medidas para combatir la desinformación desde 2017, como la batalla de Facebook contra el comportamiento falso coordinado y la de Twitter contra la manipulación de la plataforma. Todavía queda más por hacer. Nuevas leyes y políticas exigen paulatinamente a las plataformas que redoblen sus esfuerzos, como el Código de Buenas Prácticas en materia de Desinformación revisado de la UE y la intención del Gobierno británico de designar el nuevo delito de injerencia extranjera como delito prioritario en el proyecto de ley sobre la seguridad en línea (lo cual significa que las plataformas tendrán la obligación de utilizar sistemas y procesos proporcionados para minimizar la exposición de las personas a injerencias extranjeras).
¿Dónde está la frontera entre las campañas de comunicación legítimas y las campañas u operaciones de desinformación ilegítimas?
KJ: Hay una diferencia abismal entre las campañas diseñadas para ofrecer hechos y diversos puntos de vista y las campañas diseñadas para manipular a las personas a fin de que adopten una visión distorsionada del mundo, en pro de la guerra o la violencia. Sin embargo, los límites de la actividad legítima en el ámbito de las operaciones de información todavía no se han manifestado con claridad ni acordado a nivel internacional. Esta ambigüedad juega a favor de quienes tratan de manipular a la opinión pública a través de la desinformación: dificulta dar una respuesta eficaz a las actividades ilegítimas y da margen para hacer comparaciones infundadas y acusaciones de hipocresía.
Sería conveniente aclarar dónde está la frontera entre las operaciones de información legítimas, por un lado, y la desinformación ilegítima y las campañas de manipulación, por el otro. No es un ejercicio sencillo, en parte porque las operaciones de información adoptan una amplia variedad de formas y abarcan períodos de paz y de conflicto armado, en los que se aplican distintos regímenes jurídicos. Sin embargo, es un ejercicio importante: establecer parámetros acordados para las operaciones de información facilitaría la adopción de un enfoque basado en los derechos humanos para combatir las campañas de manipulación.
